El objetivo de la incorporación de los derechos de participación en la Constitución ecuatoriana del 2008 era la necesidad de establecer una mayor relación entre Estado y sociedad, es decir que el ciudadano sea parte en la toma de decisiones sobre los asuntos de interés público. Específicamente en ese sentido Boaventura de Sousa, plantea que la democracia participativa viene a ser complementaria de la representativa (Santos, 2004). Esto con la finalidad de intentar superar la crisis que sufría el modelo representativo liberal (Santos, 2004). Así, el constituyente ecuatoriano instituyo nuevos derechos, garantías e instituciones con ese propósito. No obstante, a nueve años de esa promesa constituyente, existen muchas críticas, y detractores de esta. En este trabajo, me propongo revisar algunas de estas objeciones, desde una perspectiva analítica y critica.